Por qué Melipilla necesita un nuevo Plan Regulador Comunal

Si le pregunto, amable lector, acerca de los problemas de Melipilla, seguramente su respuesta involucra conceptos como delincuencia, congestión, estancamiento económico y falta de áreas verdes, entre otros. Si a continuación le pregunto por soluciones, seguramente hablaremos de más policías, más infraestructura vial, atraer inversiones, abrir parques y plazas. Sin embargo, hay otro componente que, aunque poco vistoso, es fundamental para resolver estos y otros problemas: el Plan Regulador Comunal. A continuación, veremos qué es, y por qué a usted le interesa que el de Melipilla se actualice a la brevedad posible.

En Chile, la planificación urbana está regida principalmente por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entre otras cosas, esta ley define los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), que establecen zonas con normas de edificación y uso del suelo, límites urbanos, reservas de suelo para equipamientos y la red vial estructurante. Básicamente, definen el dónde se puede y debe hacer distintas actividades, para que el sistema funcione de manera armónica, eficiente y sustentable.

Casi todos los tipos de IPT en Chile corresponden a los Planes Reguladores. En Melipilla rigen dos: el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994, que incluye las provincias de Melipilla y Talagante desde 2006, y el Plan Regulador Comunal (PRC) de Melipilla de 1985. Convencionalmente, se considera que los Planes Reguladores se formulan pensando en un plazo de veinte años; si bien terminado este plazo siguen plenamente vigentes, se considera que éste debiera ser “actualizado”, lo que significa formular uno nuevo.

Usted dirá que nuestro PRC está desactualizado al menos desde 2005, ¿pero y eso qué? Bueno, la elaboración de un PRC implica un análisis de la realidad comunal, especialmente de cómo se está transformando el territorio y a partir de allí se plantea un ordenamiento territorial que incluye límite urbano, zonas con normas de edificación y uso del suelo, reservas de suelo para equipamiento y áreas verdes y red vial estructurante. Para alcanzar los objetivos de desarrollo comunales, una  de las condiciones necesarias es ordenar el uso del territorio de forma acorde a estos objetivos; un PRC desactualizado  implica un uso del territorio descoordinado con el proyecto comunal de desarrollo, lo que atenta contra la efectividad de éste.

¿Y qué significa, en concreto, actualizar nuestro PRC? Si bien tenemos que ceñirnos al límite urbano planteado por el PRMS, sí podemos normar lo que sucede al interior. Así, podríamos reservar zonas para áreas verdes y equipamientos más allá del mínimo que exige la ley, creando condiciones para un parque, un centro deportivo o un mercado municipal de escala comunal. Podríamos trasladar industrias que se encuentran en el centro de la ciudad a un lugar con acceso más adecuado y debidamente separado de las viviendas. O definir áreas de vivienda de alta densidad adecuadamente localizadas, permitiendo la alternativa de vivir en una torre de departamentos sin destruir los barrios.

Ciertamente, hay limitaciones importantes. Los PRC no están integrados a los planes de inversión pública, lo que dificulta llevar la visión expresada por el plan a la realidad. La preeminencia del PRMS impide, por ejemplo, cambiar el uso de suelo permitido, donde hay empresas de gran tamaño y obliga a asumir el límite urbano que éste impone. Como los PRC sólo operan al interior del límite urbano, en Melipilla éste queda impedido de planificar el desarrollo de parcelas de agrado y loteos por cesiones de derechos que han generado áreas urbanas “de hecho” en el área rural. Y sobre todo, los PRC son instrumentos de planificación, lo que significa que la ciudad que proponen tardará tiempo -incluso décadas- en llegar a existir.

Sin embargo, lo aquí expuesto demuestra que, con todas sus limitaciones, el PRC es un valioso instrumento para el desarrollo comunal, pues nos permite orientar la distribución de actividades en el territorio de acuerdo con nuestros objetivos de desarrollo. A la hora de tomar decisiones de políticas públicas, hay una serie de preguntas que responder: “¿qué haremos?”, “¿cómo?”, “¿cuándo?” y, sobre todo: “¿cuánto va a costar?”. 

Por Ignacio Contreras Munizaga

Presidente Fundación Melipilla Sustentable